LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES MENORES DE 25

EL GOBIERNO BONIFICARÁ CON HASTA 1.800 EUROS LA CONTRATACIÓN FIJA DE

JÓVENES MENORES DE 25 AÑOS

(publicado por EXPANSIÓN)

 

 

Día 04-07-2014 a las 23:08 

 

El Gobierno ha aprobado nuevos incentivos a la contratación de jóvenes, así como el plan de Garantía Juvenil.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que el Ejecutivo ha aprobado una tarifa joven de 300 euros para incentivar la contratación de los menores de 25 años.

Concretamente, se trata de una bonificación mensual en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que se puede mantener un máximo de seis meses (1.800 euros en total). De esta bonificación se podrán beneficiarse las empresas, incluidos los autónomos y las entidades de la economía social, que contraten indefinidamente a un joven inscrito en la Garantía Juvenil.

También se podrá aplicar en los contratos parciales y en estos la tarifa será de 150 euros si se trata de media jornada y de 225 euros para el 75% de la jornada.

Además, la empresa deberá mantener al joven trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral. Si lo despide antes, deberá reintegrar la bonificación.

Asimismo, las empresas que hagan uso de esta bonificación estarán obligadas a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total, y mantenerlo durante todo el periodo de disfrute de la bonificación.

La ministra ha asegurado que esta medida estará vigente hasta el 31 de junio de 2016.

La norma introduce otros incentivos para los contratos formativos que se hagan con jóvenes de la garantía juvenil.

"Para el Gobierno, la prioridad absoluta es el empleo, especialmente el empleo joven. Ha sido la gran prioridad no sólo del Gobierno, sino también de la sociedad española, de las comunidades, de los agentes sociales, y las fundaciones, entidades y organizaciones que trabajan con nosotros para dar oportunidades laborales a los jóvenes", ha subrayado la ministra, que ha resaltado que aunque el paro juvenil baja actualmente a un ritmo interanual del 9,2%, se debe seguir trabajando para "multiplicar" las oportunidades laborales de los jóvenes. Se bonifican al 100% las prácticas retribuidas de universitarios y FP Por otra parte, el Gobierno bonificará el 100% las cotizaciones sociales por las prácticas académicas (obligatorias para la obtención del título) que cuenten con algún tipo de retribución, de estudiantes universitarios y de formación profesional (FP).

Báñez ha explicado que esta decisión sucede a una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a las empresas a cotizar por los becarios. Antes, el Gobierno del PSOE había retirado en noviembre de 2011 un decreto que así lo establecía y que él mismo habría aprobado poco antes, para que no cotizarán las prácticas curriculares. El Supremo vino a reinstaurar este derecho de los becarios argumentando que la decisión del Gobierno incurría en errores de forma.

El actual Gobierno ha optado ahora por esta exención (que amplía también a los estudiantes de FP), y argumenta que de esta forma se fomenta la inserción de estudiantes en el mercado laboral, a la vez se garantiza la cobertura adecuada de sus derechos sociales y se facilita el desarrollo temprano de carreras de cotización. Garantía Juvenil El Ejecutivo ha aprobado también el decreto que regulará el acceso y las bases del sistema de Garantía Juvenil, que permitirá a los jóvenes acceder a un trabajo, formación o prácticas en un plazo máximo de cuatro meses. mediante instrumentos de capital y deuda de las empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión.

La puesta en marcha del sistema permitirá a los jóvenes inscribirse oficialmente en un registro telemático que estará controlado por la Administración.

Una vez que se verifiquen los datos de los inscritos, ha dicho, comenzarán a contar los plazos.

De hecho, el registro estará incluido en el portal de Garantía Juvenil accesible a jóvenes y empresas. El portal contará con información general del sistema, un área personal que incluye módulos formativos para los jóvenes registrados y el acceso al portal de empleo del Ministerio.

A partir de este momento, las comunidades autónomas, el Ministerio y todas las entidades públicas y privadas que trabajan en el marco del Fondo Social Europeo pondrán en marcha las medidas contenidas en el catálogo de Garantía Juvenil.

El jueves en la Escuela de Verano de FAES, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, también avanzó que el 7 de julio los menores de 25 años que ni estudian ni trabajan podrían registrase en el Plan de Garantía Juvenil.

Bonificación al 100% de las prácticas retribuidas de universitarios y FP

El Gobierno bonificará el 100% las cotizaciones sociales por las prácticas académicas que cuenten con algún tipo de retribución, de estudiantes universitarios y de formación profesional (FP).

Así lo prevé un Real Decreto-Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, en el que se precisa que dicha exención en las cuotas se empezará a aplicar a partir del 1 de agosto de 2014.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha explicado que esta decisión sucede a una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a las empresas a cotizar por los becarios.

 

LA FACTURA ELECTRÓNICA Y LA ADMINISTRACIÓN

Distinguidos señores,

A continuación les informamos de las principales NOVEDADES de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el SECTOR PÚBLICO, que es de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas (AAPP):

-       El proveedor que haya expedido la factura, electrónica o en papel, tendrá la OBLIGACIÓN de presentarla ante cualquier registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. Las facturas deben incorporar nuevos campos: la oficina contable, y los órganos administrativos a los que vaya dirigida (órgano gestor y unidad tramitadora).

-       Todos los proveedores PODRÁN expedir y remitir factura electrónica. Las AAPP no podrán exigir su envío en papel.

No obstante, la ley OBLIGA a utilizar la factura electrónica y a presentarla a través del punto general de entrada de facturas electrónicas que le corresponda según la Administración Pública, a partir del 15-01-2015, a las siguientes entidades:

ü  Sociedades anónimas (SA), Sociedades de responsabilidad limitada (SRL)

ü  Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española

ü  Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;

ü  Uniones temporales de empresas (UTE)

ü  Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

Pero, las AAPP podrán EXCLUIR reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 €, y a las  facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las AAPP hasta que sea posible su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas.

-       Cada entidad pública dispondrá de un registro contable de facturas. que facilite su seguimiento.

-       Las facturas electrónicas que se remitan a las AAPP deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. También se admitirá el sello electrónico avanzado.

La ley 25/2013 también modifica la Ley 56/2007 para regular la utilización de la factura electrónica en el SECTOR PRIVADO:

-       Las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica a que alude el art.2.2 de la Ley 56/2007 (Servicios de comunicaciones electrónicas,  servicios financieros y servicios de suministro de agua, gas o electricidad, que estén destinados a consumidores...),  independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones, estarán OBLIGADAS a expedir y emitir facturas electrónicas  en sus relaciones con empresas y particulares que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Las obligaciones serán exigibles a partir del 15-01-2015.

No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos.

Para cualquier aclaración o ampliación pueden contactar con nuestro despacho.

Atentamente,

HAY QUE REVISAR LOS BORRADORES DE LA RENTA

Hay que revisar siempre los datos que envía Hacienda

LOS ERRORES MÁS COMUNES EN EL BORRADOR DE LA RENTA

(publicado por CincoDías)

Día 02-04-2014 07:3.- Jaume Viñas Coll

Confirmar el borrador remitido por la Agencia tributaria no exime de sanciones si incluye errores.

Hay que revisar especialmente las subvenciones recibidas y la deducción por vivienda.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2013 arrancó ayer y la Agencia Tributaria espera recibir 19,3 millones de declaraciones, un 0,5% menos que el ejercicio anterior. De éstas, 14,6 millones darán derecho a devolución. La Agencia prevé reintegrar 10.725 millones, mientras que las declaraciones con resultado a ingresar sumarán cuatro millones y supondrán 6.725 millones para el fisco. 

Desde ayer, es posible ya solicitar el borrador de la renta, es decir, la declaración ya cumplimentada por la Agencia Tributaria y que siempre debe revisarse. Si hay un error favorable al contribuyente, la Agencia Tributaria probablemente remitirá más temprano que tarde una paralela rectificativa que puede incorporar un recargo. Además, confirmar el borrador que envía Hacienda no exime de sufrir sanciones en el caso de que incluya errores. Y si el fallo beneficia a la Agencia Tributaria, lo más probable que nadie avise al contribuyente de que está pagando de más. Esto son los aspectos que hay que revisar con mayor cuidado.

·         Subvenciones
Si el contribuyente recibe, por ejemplo, una subvención pública por compra de vivienda, es muy probable que no aparezca en el borrador. Es obligatorio incluirlo como una ganancia patrimonial. En caso contrario, el declarante se arriesga a recibir una paralela y una sanción.

·         Hijos, matrimonios y separaciones

El hecho de tener un hijo, casarse o separarse tiene efectos sobre el resultado final de la declaración de la renta. No siempre las novedades en la vida personal del contribuyente se incorporan al borrador y, por ello, es importante revisarlo.

·         Vivienda
A partir de enero de 2013 desapareció la deducción por inversión en vivienda habitual. Sin embargo, se mantiene para los que compraron antes de esa fecha. Resulta importante confirmar con el banco las cifras incluidas en el borrador.

·         Pensiones
La legislación contempla una reducción de la base imponible por las aportaciones realizadas a planes de pensiones con un límite de 10.000 euros para los menores de 50 años y de 12.500 para los que superen esa edad.

·         Deducciones autonómicas

Las comunidades autónomas tienen capacidad para establecer deducciones. Por ello, es importante que el contribuyente revise si tiene derecho a beneficios fiscales no incluidos en el borrador.

¿QUE HAGO SI MI SOCIEDAD TIENE PERDIDAS?

Las pérdidas pueden ser causa obligada de disolución de la sociedad.

La Ley de Sociedades de Capital establece como causa de disolución de toda sociedad de capital las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

Aunque es una causa legal de disolución esta no se produce de forma automática sino que requiere el previo acuerdo de la junta general. La LSC así lo impone, facilitando, no obstante dicho acuerdo pues el mismo, tanto en la sociedad anónima como en la sociedad limitada, se toma con las llamadas mayorías ordinarias:

¿Qué ocurre si la junta no pueda celebrarse por falta de quórum suficiente o constituida su acuerdo sea contrario a ambas cuestiones?

En este caso la LSC establece que si la junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los acuerdos previstos, cualquier interesado podrá instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del domicilio social. La solicitud de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad.

No cesa por ello la responsabilidad del administrador pues en este caso, los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.

La solicitud habrá de formularse en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado.

Responsabilidad solidaria de los administradores

Si el órgano de administración no actúa en la forma señalada, es decir no convoca la junta o no solicita la disolución judicial o no insta el concurso, es cuando surge la responsabilidad de los administradores solidariamente con la sociedad.

La LSC señala que responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de 2 meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

Atención. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

¿Cómo podemos solucionar  que las pérdidas sean causa de disolución?

Una primera opción es que los socios realicen una aportación para compensar pérdidas, es decir, una aportación voluntaria y a fondo perdido para reforzar los fondos propios. Esta opción es sencilla y barata, pues basta con un acuerdo de la junta de socios, que deberá reflejarse en el libro de actas de la sociedad. Por tanto, no comporta ni gastos de escritura ni de Registro.

Otra opción utilizada es la de aumentar el capital de la sociedad, mediante la cual los socios realizan una aportación, pero a cambio reciben participaciones de la sociedad, si bien en este caso sí es necesaria escritura e inscripción en el Registro. Incluso en algunos casos, sería interesante  hacer una operación acordeón, es decir, una reducción y ampliación de capital.

CAMBIO EN LAS BASES DE COTIZACIÓN PARA LOS AUTONOMOS

Estimado cliente y amigo.

Le comunicamos que, antes del 1 de mayo, tiene la oportunidad de modificar la base de cotización del RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA) y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según su edad.

Si está interesado en modificar la citada base o cuota (con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación o la baja de incapacidad temporal), deberá hacérnoslo  saber con la máxima antelación posible.

Adjuntamos, a título de ejemplo, escala comparativa con algunas opciones (importes vigentes en 2014):

Base de cotización €/mes	Tipo de Cotización  contigencias comunes – cobertura IT	Cuota a pagar €/mes
875,70 - mínima en 2014 -	29,90 % *	261,84
944,40 mínima para trabajadores de 48  o más a 01-01-2014, salvo excepciones	29,90 %	282,38
1.000	29,90 %	299
1.202	29,90 %	359,40
1.926,60 máxima para trabajadores de 47, 48 años o más, salvo excepciones	29,90 %	576,05
3.597,00 - máxima en 2014 -	29,90 %	1.075,50

 * 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (para los autónomos sin protección por contingencias derivadas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cese de actividad)

Asimismo, le informamos que los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2014, tengan 47 años de edad y cotizan en el RETA por una base inferior a 1.888,80 € mensuales no podrán elegir una base superior a 1.926,60 €, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2014. 

Si se encuentra en este supuesto y desea cambiar la situación, rogamos nos lo indique, cuanto antes mejor. Todas estas modificaciones tendrá efectos a partir del 1 de julio de 2014.

Para cualquier aclaración o ampliación contacte con nuestro despacho.

Atentamente,

¿PARO PARA LOS AUTÓNOMOS, CUANDO?

El Gobierno la incluye en la Ley de Mutuas

NUEVA COTIZACIÓN POR PARO OBLIGATORIA PARA LOS NUEVOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(publicado en EXPANSION)

Día 24-04-2014 10:07.- Raquel Pascual Cortés

El Ministerio de Empleo ha aprovechado para incluir en el anteproyecto de ley de mutuas una nueva normativa que regulará la prestación por cese de actividad de los autónomos (el equivalente a la prestación por desempleo de los asalariados), ya que son estas entidades las que gestionan dicha ayuda. La principal novedad es que la ley obligará a todos los nuevos trabajadores por cuenta propia a cotizar por esta contingencia, algo que hasta ahora solo era obligatorio para los autónomos económicamente dependientes, aquellos que solo tienen un cliente.

Aunque en algún momento de la negociación de la ley esta obligatoriedad ha suscitado alguna controversia, parece que finalmente la norma quedará como propuso Empleo a finales del pasado año y dicha cotización será obligatoria, según fuentes conocedoras de la situación.

La principal queja de los autónomos es que se rechazan más del 80% de las solicitudes de estas prestaciones por cese de actividad. Por ello, entre el resto de novedades están una serie de cambios orientados a facilitar el acceso a esta ayuda económica en el caso de que fracase la actividad del autónomo. Así, según propone Empleo, no se exigirá a estos trabajadores un umbral de pérdidas y solo deberán acreditar números rojos durante un año. Además, se les permitirá ponerse al día en el pago de cuotas a la Seguridad Social para poder cobrar esta ayuda.

Además de todo lo dicho, la nueva regulación de las mutuas pretende separar por completo su principal actividad, gestionando fondos públicos de las bajas laborales, del pago de otros servicios como los seguros, más encuadrados en el sector privado. También, remodelará su sistema de gobernanza para atajar las irregularidades detectadas.

RECIBIREMOS INFORMES SOBRE NUESTRAS PENSIONES

El sector de pensiones privadas enviará una misiva paralela

¿QUÉ TRABAJADORES RECIBIRÁN

 LA CARTA QUE LES INFORME SOBRE SU PENSIÓN?

(publicado por CincoDías)

Día 23-04-2014

Empleo prepara un cambio en las nóminas de los trabajadores que incluya también más información sobre sus cotizaciones.

Los trabajadores sabrán cuándo pueden jubilarse y cuánto cobrarán de pensión.

La Seguridad Social ultima el envío de cartas a los trabajadores para informarles sobre su futura jubilación. Antes de que finalice este año, la primera hornada de ciudadanos que recibirá esta misiva por correo ordinario serán los mayores de 50 años afiliados y perceptores por desempleo, que estén en situación de alta o baja en la Seguridad Social pero que acrediten los 15 años que se exigen como mínimo para acceder a una pensión de jubilación ordinaria. Este colectivo, según la memoria económica del Real Decreto que regulará esta información, asciende a 5,3 millones de personas.

A partir de 2015 el colectivo de ciudadanos a los que informará la Seguridad Social sobre sus expectativas de jubilación y pensión se ampliará a los mayores de 40 años, con lo que se enviarán aproximadamente cartas a 10,8 millones de trabajadores. Y, finalmente, a partir de 2016, bastará con acreditar más de cinco años cotizados, independientemente de la edad del trabajador, para que la Seguridad Social envíe la carta informativa. Esto elevará el colectivo de trabajadores informados a 17,6 millones.

El coste de este plan informativo para el Ministerio de Empleo ascenderá a 11 millones de euros para los próximos tres años. El Departamento que dirige Fátima Báñez prevé que el primer envío de estas cartas se realice a los seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que se está ultimando, pero siempre antes de que finalice 2014.

Qué información tendrán la carta

Tal y como avanzó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en el Foro CincoDías la notificación que recibirán los ciudadanos a partir de final de año incluriá información puntual sobre:

- la edad legal de jubilación que le corresponderá al trabajador si continuase cotizando al sistema hasta dicha edad;

-la fecha a la que podrá acceder a la jubilación ordinaria;

-los periodos de cotización necesarios para ello;

-el importe anual y mensual de la pensión estimado en euros constantes calculado sobre 14 pagas.

Empleo precisa que para el cálculo de las expectativas de pensión se utilizará los datos que tenga la Seguridad Social en el momento de la fecha de la emisión de la carta. A partir de dicha fecha, se harán estimaciones en función de criterios técnicos que aún están por definir por parte de la Secretaría de Estado.

En cualquier caso, con carácter general, se usará como índice anual de actualización de la pensión el objetivo de inflación del Banco Central Europeo y no se tendrán en cuenta los coeficientes reductores aplicables a actividades penosas ni a la jubilación anticipada.

Otra carta del sector privado

Además, la comunicación por parte de la Seguridad Social deberá ir acompañada a otra paralela procedente de las entidades privadas sobre los instrumentos de carácter complementario y alternativo, tales como mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresariales o planes y fondos de pensiones y seguros individuales y colectivos. En este caso, la estimación se realizará a partir de las aportaciones realizadas a estos instrumentos por parte del asegurado, en el caso de haberlas hecho.

La obligación de la Seguridad Social de informar se prolongará hasta que el trabajador cumpla la edad legal de jubilación, salvo que o acredite en ese momento el periodo mínimo de cotización exigible; en ese caso se enviará hasta los 70 años.

En el caso de los instrumentos privados de protección, la comunicación se producirá hasta que el asegurado cumpla los 65 años y el importe se calculará sobre 12 pagas, a diferencia de la misiva de la Seguridad Social que hará el cálculo sobre 14 mensualidades.

Dicho todo esto, el Ministerio de Empleo avisa de que la información que se remitirá al ciudadano sobre sus futuros derechos de pensión tanto pública como privada, en caso de tenerla, "tendrá un mero valor informativo y orientador", por lo que "en ningún caso genera derechos ni expectativas de derecho a su favor, ni obligaciones o responsabilidades a las entidades que la emiten". En otras palabras, si en el momento de la jubilación la pensión que corresponde al trabajador es inferior que la calculada en estas cartas, no se podrá esgrimir esta información para exigir una cuantía mayor.

Nóminas más informativas

Además, el proyecto de Real Decreto que prepara Empleo, prevé implantar un nuevo modelo de nómina que reciben mensualmente los trabajadores asalariados que ofrecerá información más completa al ciudadano. Se prevé, entre otras cosas, que incluya la parte de aportaciones de la empresa en cotizaciones a la Seguridad Social por cada trabajador, algo que ahora no figura en estas notificaciones.